Según el especialista, el proceso de transición se encuentra en un punto en el cual los nuevos avances comienzan a exigir mayores niveles de innovación y de transformación tanto institucional como regulatoria. 

Para el ingeniero Comercial y economista, ex ministro de Energía de Chile, Claudio Huepe Minoletii, su país ha hecho importantes avances en el paso desde las energías fósiles a las renovables, en particular en el sector eléctrico.  “Hoy en día, más de 60 % de la capacidad instalada proviene de fuentes renovables con cerca de 25 % solar y 15 % eólico.    En otras áreas también hay avances importantes como lo muestra los cerca de 2.000 buses eléctricos que serán parte de la red de transporte público este año, o los buses eléctricos que se están desarrollando para la minería”, afirma. 

Gracias a sus más de 30 años de experiencia, especializado en energía y desarrollo sostenible, trabajando en el sector público, privado y académico, reconoce que

todos “estos avances han llevado a Chile a plantearse nuevos desafíos en el proceso, como la salida acelerada de las centrales termoeléctricas a carbón (cuyo cierre definitivo está planteado actualmente para el año 2040), cambio a soluciones de bajas emisiones para los sistemas de calefacción (donde la leña cumple aún un rol central en gran parte del país) o mayores avances en electromovilidad y en electrificación de consumos.   El desafío de fondo es lograr mayores avances en todos los sectores manteniendo la atención sobre los costos y la seguridad de los sistemas energéticos”.

Hoy, Claudio Huepe Minoletti trabaja en “Políticas Públicas UDP”, una plataforma que tiene por objetivo general contribuir a la comprensión y solución de problemas y desafíos de política pública de Chile, en base a espacios de investigación, reflexión y difusión académica.

“En la Universidad Diego Portales, donde trabajo actualmente, estamos desarrollando un Observatorio de la Transición Energética, justamente para poder hacer un seguimiento concreto del proceso de transición y medir de manera más clara su desarrollo.  Sin eso, el riesgo es que los avances no se desarrollen a la velocidad necesaria en particular en aquellos ámbitos menos evidentes y visibles”, expresa.

Durante su periodo como ministro de Energía desarrolló e implementó el Plan Nacional de Energía 2050, ¿cuáles son los pilares de este plan?

Uno de los elementos relevantes de la política energética chilena es que en los últimos 15 años se ha mantenido una continuidad en ciertos objetivos fundamentales durante los diversos gobiernos, al mismo tiempo que cada uno de estos ha tenido énfasis y focos particulares, además de definiciones propias sobre los mejores instrumentos para lograrlos.  La seguridad, la eficiencia, le protección del medio ambiente se encuentran presentes en todas las políticas.

La política energética planteada al 2050 consideró cuatro grandes temas: seguridad y calidad de suministro, energía como motor de desarrollo, energía compatible con el medio ambiente, y eficiencia y educación energética.  Cada gobierno, de acuerdo con sus énfasis y prioridades elabora una agenda propia que recoge las grandes líneas de política y las adapta al contexto y sus posiciones.

Es así como para el período 2022-2026, la agenda estableció ocho líneas (ejes) de trabajo: acceso equitativo a energía de calidad, matriz energética limpia, desarrollo energético seguro y resiliente, transición justa e infraestructura sustentable, descentralización energética, empoderamiento ciudadano y democratización de la energía, innovación y crecimiento económico inclusivo y finalmente, modernización de la gestión.  Esta agenda se armó por medio de un proceso participativo, que se llevó a cabo trabajo en casi todas las regiones de Chile, como resultado, además, cada región tendrá un anexo con sus metas específicas para el periodo 2022-2026. Esto es muy importante, porque el desarrollo energético ha llevado a una gran diversidad de situaciones en el país.

¿Qué rol juega la empresa privada y su integración con el sector público en el camino hacia la transición energética de Chile? ¿Qué políticas públicas faltan para impulsar estas alianzas claves?

Chile ha desarrollado su sector energético apoyado esencialmente en la acción del sector privado, impulsado por una regulación que busca promover las inversiones necesarias y eficientes, y el desarrollo de mercados para los diversos servicios energéticos.  Este esquema ha mostrado resultados muy relevantes en la última década como ya se mencionó, pero también comienza a mostrar algunas limitaciones.  

Por una parte, la regulación sigue anclada en lógicas tradicionales (grandes fuentes de generación con combustibles y grandes centros de consumo) mientras que el desarrollo de las renovables no responde a estas lógicas por lo que exige nuevas visiones.  Eso lleva también cuestionar la forma de relación entre el Estado y el sector privado - una buena regulación es necesaria, pero, probablemente, no es suficiente y se requiere más articulación entre la acción pública y privada.  Al igual que lo que estamos viendo en EEUU y Europa, un rol más activo del Estado en el sector energético, impulsando ciertas formas de desarrollo se debería considerar como necesario en esta etapa. 

Se requieren regulaciones más sofisticadas para aprovechar al máximo el potencial de los mercados no sólo en eficiencia sino también en ámbitos como seguridad y equidad, y al mismo tiempo un Estado capaz de ser parte del proceso.   Adicionalmente, será necesario una mayor participación de la sociedad civil que tiene un rol cada vez más activo.

Como experto en energía y desarrollo sostenible, ¿Cómo ve el proceso de transición energética en el Caribe, especialmente  en la República Dominicana?

No conozco en detalle el proceso de transición energética en la zona del Caribe, pero los antecedentes que conozco muestran que, en mayor o menor grado (con algunas excepciones), los avances y desafíos tienen importantes similitudes con el resto de América Latina.   Esto implica la necesidad de adaptar los sistemas eléctricos para una mayor penetración de renovables, avanzar en la salida de combustibles fósiles en los otros sectores como industria y transporte y hacer frente a los costos del proceso y a la desigualdad en términos de acceso y calidad.   Cada país tiene especificidades dentro de estos temas, pero también experiencia que pueden servir de referencia para los otros países de la región. 

Entiendo que en República Dominicana la penetración de renovables en el sector eléctrico ha avanzado muy rápido en los últimos años, lo cual es un éxito que obliga a anticipar los nuevos desafíos que surgirán como resultado de estos avances.

Siendo el Caribe una región muy vulnerable ante el cambio climático, ¿Qué recomendaciones podría dar en términos de seguridad energética?

La seguridad energética es una dimensión de la política de la máxima importancia y que se vuelve más compleja con la transición.  A medida que una gran parte de los consumos se “electrifica”, por ejemplo, nos volvemos más dependientes de una sola fuente y, por lo tanto, más expuestos a las debilidades del sector eléctrico.  Los fenómenos climáticos extremos obligan a incorporar esta dimensión en todo el desarrollo del sector energético.

Esto implica al menos dos cosas: por una parte, la necesidad de fomentar fuentes distribuidas y, por otra, la necesidad de incorporar la resiliencia como una variable de análisis fundamental en todos los ámbitos energéticos, electricidad, combustibles, residencial, industrial, etc.  Una contrapartida de esto es la necesidad de inversión, hay que evaluar los mecanismos que permitan esta inversión de la manera más eficiente y sin que el costo se vuelva una carga económica.  En ese marco, los mecanismos financieros pueden tener un rol fundamental.

En el desarrollo de políticas públicas en el ámbito energético, ¿Qué falta en la región? ¿Cómo impulsar la cooperación e integración?

Creo que no hay hoy en día suficiente conocimiento compartido de las experiencias de los diversos países de América Latina y el Caribe.  En la actualidad las referencias son casi siempre los casos de Europa o Estados Unidos que, a menudo, no consideran algunas de las problemáticas sociales y económicas compartidas por la región. 

El rol que cumplen organizaciones como OLADE debería ser destacado y reforzado, pues es un espacio institucional reconocido, pero también es importante que se pueda fortalecer la dimensión energética en todos los espacios de cooperación regional y sub regional.  Asimismo, a nivel académico la posibilidad de tener investigación y formaciones compartidas entre países que permitan intercambios regulares entre los profesionales del sector es muy importante

¿Cómo evalúa el panorama de las finanzas sostenibles en la región?

El desarrollo financiero es esencial para la transición energética y su potencial está lejos de ser aprovechado en toda su capacidad.  En América Latina ha habido un fuerte impulso a las finanzas sostenibles en los últimos años, tanto desde el sector público como en privado, en particular en energías renovables, pero también en sectores como transporte.  Creo que eso muestra un panorama muy auspicioso, aunque queda por delante despejar plenamente la ruta de la reactivación económica.   Al igual que en materia regulatoria del sector eléctrico, la innovación será clave para aprovechar el potencial.   Una preocupación central será la de garantizar que efectivamente los proyectos vayan hacia proyectos sostenibles y no se trate de “greenwashing”.

Hoy, ¿considera que ha aumentado la conciencia sobre la urgencia de la transición energética en Chile y en la región?

Creo que, si bien ha aumentado la consciencia sobre los temas ambientales y la importancia del rol de la energía en este aspecto, la transición energética aún no entra plenamente al debate público.  El tema se trata con frecuencia, pero en gran medida aparece aún como un tema de especialistas.  Sin duda que se ha avanzado, pero la educación cívica en la materia es ineludible si se quiere lograr resultados duraderos en todas sus dimensiones.  La sociedad civil es fundamental para la transición, más aún cuando se trata de buscar que esta transición sea “justa”.  Hay mucho trabajo por hacer aún.