El Poder Judicial dominicano y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizaron el lanzamiento de la Cátedra de Justicia Constitucional, creada con el propósito de promover el estudio, comprensión y la difusión de los principios fundamentales y todo el contenido de la Constitución de República Dominicana. 

Durante el acto, también fue puesta en circulación la obra Justicia Constitucional y Poder Judicial, de la autoría de los magistrados (as) Sarah Veras Almánzar, Mery L. Collado Tactuk y Bernabel Moricete Fabián, así como del jurista Flavio Darío Espinal; en el libro participa con un capítulo introductorio, el juez Claudio A. Medrano, mientras que el prólogo es autoría del doctor Luis Manuel López Guerra, exjuez del Tribunal Constitucional de España y director internacional de la Cátedra de Justicia Constitucional.  

En la actividad participó el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Henry Molina, quien afirmó que la justicia ya no puede ser un ideal abstracto, distante y reservado para unos pocos, sino que debe ser tangible, cercana, y, sobre todo, fundamentada en la Constitución, las leyes y los principios constitucionales. 

Henry Molina aseguró que los jueces, juezas y servidores del Poder Judicial, así como integrantes y profesionales de la comunidad jurídica, “tenemos la sagrada responsabilidad de garantizar la supremacía de esa Constitución, protegiendo los derechos fundamentales que ella consagra”. 

Afirmó el magistrado, que desde la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura se están dando pasos firmes hacia la ruta de constitucionalización de los procesos judiciales.

“Si bien la Constitución de 2010 creó el Tribunal Constitucional, no menos cierto es que la propia Carta Magna dejó vigente, en calidad de sistema mixto, el control difuso de constitucionalidad. Esa labor corresponde a los tribunales del Poder judicial; por este motivo, la reflexión constitucional en la justicia dominicana, en diálogo con la comunidad jurídica, es una tarea fundamental en una época en que se habla cada vez más de la constitucionalización del Derecho”, afirmó el magistrado Molina.

Asimismo, aseguró que la Cátedra es una invitación al diálogo al estudio profundo y a la reflexión constante sobre nuestra Carta Magna, a la vez que hace un llamado a que cada juez y jueza del país se convierta en un defensor acérrimo de los derechos fundamentales, del bloque de constitucionalidad, logrando que el Poder Judicial siga fortaleciéndose como garante del Estado de Derecho.   

Por su lado, el exjuez del Tribunal Constitucional de España, Luis María López Guerra, director internacional de la Cátedra, quien, en el contexto del lanzamiento de la misma, dictó la conferencia «Justicia Constitucional y Poder Judicial”, afirmó que el papel del Tribunal Constitucional consiste en el establecimiento de jurisprudencia, de interpretación de la Constitución y las leyes y sus decisiones son vinculantes a los tribunales ordinarios; mientras que los jueces ordinario deben enfrentarse por primera vez a problemas nuevos. 

El magistrado Claudio A. Medrano, director nacional de la Cátedra, explicó toda la dinámica de trabajo y la ardua labor realizada por los autores de la obra puesta en circulación. 

Por su lado, Ángel Brito, director de la ENJ destacó las distintas Cátedras que tiene en funcionamiento esa Academia, las que trabajan de manera constante y con “muy buenos resultados”, entre las que destacó la de Comunicación, Ética, Innovación, Jurisprudencia, y espera que la de Justicia Constitucional dé iguales resultados. “Estas Cátedras enriquecen la formación de jueces y abogados al integrar conocimientos actualizados y prácticas innovadoras, fortaleciendo así la administración de justicia”, indicó.

En la actividad estuvieron presentes el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, juez presidente del Tribunal Constitucional, Domingo Antonio Gil, juez del TC; así como los jueces de la SCJ: Nancy Salcedo, Francisco Ortega, Samuel Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico; también la consejera Octavia Carolina Fernández, y funcionarios (as) judiciales.