Muchas de nuestras actividades, se encuentran registradas. Esto va de la siguiente manera: para poder contratar servicios de cualquier índole, dígase dotarnos de un número telefónico, corriente eléctrica, cobertura de seguro, tarjeta de crédito, etc., debemos de facilitar nuestros datos para identificarnos por ante la entidad proveedora a los fines de que estos tengan registros de clientes.

Asimismo, si formamos parte de grupos, tales como una comunidad de la iglesia, un partido político o un movimiento defensor de temas sociales, estos deben de tener listados que evidencien nuestra afiliación. Por igual, si hemos sido condenados penalmente, si cometemos una infracción vial, si salimos del país, si pagamos o no impuestos, en fin, de todo existen archivos que constatan lo sucedido.

La circulación de las informaciones es inevitable, pero su manejo inadecuado representa un riesgo para los titulares. Los datos errados sobre nuestra conducta social pueden limitar oportunidades laborales; la exposición de expedientes médicos vulnera la intimidad sobre nuestra salud, y la vigilancia de nuestras actividades en línea deja al descubierto gustos, preferencias e incluso aspectos de nuestra orientación sexual.

En síntesis, la divulgación no autorizada de datos personales por parte de quienes los tratan expone la vida privada de los titulares y vulnera su derecho a la intimidad. Además, puede afectar otros derechos fundamentales, como la igualdad, el honor, la imagen, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad, la dignidad humana, e incluso derechos esenciales como la educación, la salud, el trabajo y, en casos extremos, la vida misma. De ahí la importancia de resguardarlos. 

Entonces, bajo este panorama, se crean las normativas de protección de informaciones personales que resguardan los “datos personales”, y por vía de consecuencia, el bien jurídico “privacidad” y demás derechos mencionados.

Según los Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos, se considera dato personal toda información, de cualquier tipo o forma, que permita identificar directa o indirectamente a una persona física. De manera similar, la Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos Personales de la República Dominicana define el dato personal como cualquier información, ya sea numérica, alfabética, gráfica, fotográfica o acústica, relacionada con personas identificadas o identificables.

Conforme a estos preceptos, a modo de ejemplo se consideran datos de carácter personal: nombre, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio, correo electrónico, número telefónico, dirección IP, cuentas bancarias, documento de identidad, voz, imagen y datos biométricos como huellas dactilares, iris o muestras de ADN. También se incluyen los datos relativos a creencias políticas, religiosas o raciales, vida sexual, nivel educativo, ocupación, costumbres y matrícula de vehículos, entre otros.

En fin, toda información que permita dilucidar aspectos privados, y que permita elaborar perfiles de todas las índoles de las personas, es dato personal y está protegido. 

Entonces, en una época donde los beneficios de la implementación de la inteligencia artificial son incuestionables, también sale a colación los riesgos que trae consigo la IA para la privacidad. 

Ejemplo, utilizar dicha herramienta de IA para generar imágenes de personas menores de edad; o en el caso de que la herramienta per se estuviera entrenada con informaciones personales obtenidas en violación a las normativas correspondientes. 

Con el uso de la IA se potencia los riesgos que ya hemos venido comentando con respecto a los usos de datos, por lo que, resulta imperativo fortalecer en la Rep. Dom. el marco normativo que cubra la materia. La creciente automatización en el tratamiento de información amplifica los riesgos de vulneración de derechos fundamentales, por ende, se requiere una legislación más robusta, actualizada y orientada a garantizar la privacidad, la transparencia y la responsabilidad en el uso ético de los datos.