Rivera, que se desempeñó en el Congreso federal entre 2011 y 2013, fue detenido en el aeropuerto de Atlanta, en medio de una investigación por la firma de un contrato de consultoría por valor de 50 millones de dólares, con el régimen de Nicolás Maduro.

La nueva acusación de 34 páginas revela que Rivera y su amiga Esther Nuhfer son agentes extranjeros no registrados y lavadores de dinero.

La acusación formal por ocho cargos asegura que desde el inicio de la administración de Donald Trump, Rivera fue parte de un plan para cabildear a nombre del régimen Venezuela para mejorar las relaciones del país sudamericano con Estados Unidos, resolver una disputa legal de una compañía petrolera y poner fin a las sanciones económicas de Washington contra el país sudamericano, sin haberse registrado como agente extranjero.

Pero la gestión de Rivera resultó infructuosa, la administración Trump designó más sanciones al régimen chavista.

La presión se estuvo acumulando sobre Rivera durante más de dos años después de que saliera a la luz que había recibido un enorme contrato de parte de una filial estadounidense de la compañía petrolera estatal venezolana cuando Maduro intentaba congraciarse con la Casa Blanca en los primeros días del gobierno de Trump.

La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por PDV USA, filial local de Citgo, de propiedad venezolana. La denuncia aseguraba que el exlegislador no realizó ningún trabajo como parte del contrato que firmó en 2017 por tres meses de “asesoría estratégica” con el fin de establecer vínculos con importantes figuras estadounidenses.

En la acusación formal, la fiscalía señala que Rivera envió un mensaje de texto en octubre de 2017 en el que reconocía que debía registrarse para cabildear pora el régimen venezolano; de otra forma “mi abogado me ha dicho que por el momento es ilegal... y que no debo tocarlo por nada, pero sería un escándalo de proporciones monumentales”.

Aunque el contrato de Rivera fue con una entidad estadounidense, cualquier trabajo realizado a nombre del gobierno de Maduro o de intereses comerciales de Venezuela habría requerido que se registrara como cabildero extranjero.

Rivera dijo en junio a Local 10 News, que su contrato no tenía nada que ver con PDVSA ni con el régimen de Venezuela. De acuerdo con el exlegislador, estaba "ayudando" a los disidentes venezolanos que trabajan en la filial petrolera en Estados Unidos.

El exlegislador de 57 años, afirma que es inocente e interpuso una contrademanda contra PDV USA, en la que acusa a la empresa de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto por no pagarle los 30 millones de dólares que asegura le siguen debiendo. Un abogado de Rivera dijo que aún no había visto la acusación formal y Rivera no respondió de momento a un email en busca de comentarios.

El Servicio Federal de Alguaciles informó que Rivera salió el lunes de prisión tras pagar una fianza, horas después de realizar su comparecencia inicial en una corte federal de Atlanta.

Maduro intentó cortejar al gobierno de Trump

Más o menos al mismo tiempo en que Rivera fue contratado, Caracas intentaba cortejar al gobierno de Trump, realizando un donativo de 500.000 dólares para la comisión de su ceremonia de investidura a través de Citgo y en un principio evitando cualquier crítica dirigida al nuevo mandatario estadounidense.

Dicho intento eventualmente fracasó, luego que Trump reconoció en 2019 al legislador opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela e impuso sanciones petroleras contra Caracas con el propósito de sacar a Maduro del poder.

Los expedientes que surgieron como parte de la demanda muestran que Rivera realizó sus trabajos de asesoría de manera concertada con Raúl Gorrín, un empresario venezolano que ha sido objeto de sanciones y enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos por cargos de lavado de activos.

Antes de ser acusado a finales de 2018, Gorrín se había integrado en el sur de Florida, donde poseía una casa lujosa y se presentaba como un "pacificador" que podía tender puentes en la profunda brecha política venezolana, al igual que entre el gobierno de Maduro y Estados Unidos.

Mientras Rivera trabajaba con la dictadura de Venezuela, la cadena de televisión de Gorrín contrató a Brian Ballard, un cabildero asociado a Trump, supuestamente para sondear oportunidades para una expansión en Estados Unidos. En esa época, Gorrín se hizo una foto con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en un acto en Miami. Fue también en esa época cuando, según la fiscalía, Rivera intentó organizar la reunión en el jet privado para la asesora de la Casa Blanca.

“La reunión de seis horas con la asesora (del presidente de Estados Unidos) (...) es más importante que la reunión con (el vicepresidente de Estados Unidos), porque ella le hizo presidente dirigiendo su campaña. Y ella trabaja a su lado cada día”, escribió Rivera al empresario, identificado sólo como “Individuo extranjero 1” en el escrito de acusación.

Correspondencia presentada ante el tribunal como parte de la demanda muestra que Rivera y Gorrín hablaron de comprar “entradas de concierto”, un posible código para sobornos, para funcionarios no identificados y trataron de concertar una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y ejecutivos de Exxon.

Como parte de esas gestiones, también involucraron al congresista de Texas, Pete Sessions, quien viajó en secreto a Venezuela en 2018 para reunirse con Maduro.

Destino de los fondos

Parte de los 15 millones de dólares que Rivera recibió como pago de su contrato fue transferida a dos de sus allegados y a una compañía de Miami: Interglobal Yacht Management, la cual PDV USA asegura que fue utilizada para pagar el mantenimiento de uno de los yates de Gorrín.

Para justificar los cuantiosos pagos, PDV USA supuestamente creó “contratos falsos” antedatados al 20 de marzo de 2017, un día antes de que entrara en vigor su acuerdo de consultoría.

El contrato de Rivera tenía todos los rasgos de una farsa, según PDV USA, que desde 2019 ha sido administrada por directores designados por la oposición venezolana con el respaldo de Estados Unidos.

Según la demanda, la compañía Interamerican, de Rivera, ganó sólo 9.500 dólares un año antes de que la entonces ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodriguez, la eligiera de la nada sin ninguna diligencia. Rivera nunca se reunió en persona con alguien de Citgo o de PDV USA mientras supuestamente trabajaba a su nombre. En cambio, presentó dos reportes “deficientes e incoherentes” de progreso, de los siete que debía entregar.

“El reporte escrito está desprovisto de cualquier evidencia de que Interamerican realizara alguno de los servicios contratados”, argumenta PDV USA en expedientes presentados a la corte. “No hay un solo correo electrónico, una sola presentación de Power Point, un solo esquema, un solo memorándum, una sola fecha programada, o algo más que deje entrever que Interamerican llevó a cabo alguna vez alguno de los servicios”.

Aliado de dictaduras

Antes de ser elegido para el Congreso federal de EEUU, Rivera fue un legislador de Florida de alto rango, sirviendo de 2003 a 2010 en la Cámara estatal. No solo se le ha vinculado al régimen chavista, también ha tenido nexos con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Los vínculos de Rivera con la dictadura sandinista fueron descubiertos tras estallar un escándalo electoral que involucró a Rivera.

La fotografía de la reunión privada en Miami publicada entonces en exclusiva por DIARIO LAS AMÉRICAS, fue tomada aproximadamente el 9 de septiembre del 2012, solo tres semanas después de que estallara un escándalo electoral con el que el nombre de Rivera estuvo relacionado.

El hecho, según se determinó en aquel momento tras una investigación federal, consistió en la financiación fraudulenta de la campaña de un candidato fantasma, inscrito para las primarias del Partido Demócrata en 2012, identificado como Justin Lamar Sternad, con quien presuntamente se intentaba dividir el voto e impedir la nominación del entonces aspirante a la candidatura, Joe García.

Rivera perdió en esos comicios ante García quien resultó electo congresista federal por el distrito 26 de Florida, con el 54 por ciento de los votos a su favor.

Al destaparse el escándalo electoral que involucraba a Rivera, la entonces consultora política Ana Alliegro, que había fungido como estratega de la campaña de Rivera, resultó implicada en el caso por el que estaba siendo procesado Lamar Sternad y desapareció repentinamente de Miami.

A escasos días de haber sido publicada la fotografía en la que aparece Rivera, que se presume fue tomada y posteada en redes por alguien que se desempeñaba en aquel momento como funcionario del consulado general de Nicaragua en Miami, tras una investigación realizada por DIARIO LAS AMÉRICAS, se conoció que Nicaragua, gobernada por el sandinismo, era el país que había ofrecido refugio a la exconsultora del político David Rivera, hasta entonces asociado con una postura diametralmente opuesta a regímenes aliados a la corriente del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica.

La salida de Alliegro hacia esa nación centroamericana se habría producido semanas más tarde de que trascendiera en Miami el escándalo de financiación fraudulenta de una campaña electoral, con el que quedó relacionada.

Alliegro permaneció 18 meses en Nicaragua, tras ese periodo de permanencia en la nación centroamericana fue deportada a Estados Unidos en marzo de 2014 a pedido del FBI. Alliegro declaró que Rivera no solo financió con 80.000 dólares para llevar a cabo el fraude electoral a través de Justin Lamar Sternard, sino que la ayudó en dos ocasiones a escapar a un lugar seguro en Nicaragua.

Antes de ser elegido al Congreso federal, Rivera era un legislador de alto rango en Florida, donde se desempeñó en la Cámara baja de 2003 a 2010.

Rivera ha estado envuelto en varias controversias relacionadas con las elecciones, incluyendo haber orquestado un plan para financiar discretamente a un candidato demócrata no identificado para que compitiera con su principal rival en una contienda del sur de Florida, así como una investigación estatal sobre si ocultó un contrato de un millón de dólares con una compañía de apuestas. Dicha investigación también involucró un posible uso indebido de fondos de campaña para pagar actividades de la cámara baja del estado que ya habían sido reembolsadas por el estado.